El Gobierno eleva a más de 535 millones los límites de compromiso de gasto de la Dirección General del Agua

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites de gasto hasta más de 535 millones de euros, con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la financiación de gastos correspondientes a contratos y encargos de inversión en el Programa 'Gestión e Infraestructuras del Agua'.

Entre las líneas de actuación prioritarias en materia de agua para los próximos años se incluyen las orientadas a la priorización de las actuaciones e inversiones, con especial atención al saneamiento y depuración, para dar cumplimiento a la normativa europea y garantizar la conservación de un medio ambiente hídrico más sostenible, así como las medidas para implantar los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación y las relativas a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

En concreto, estas actuaciones responden al cumplimiento de la directiva comunitaria Marco del Agua 2000/60/CE, cuya no ejecución lleva consigo sanciones, y a la realización de las grandes líneas prioritarias en materia de agua para los próximos cuatro años, lo que supone la necesidad de licitar contratos de inversiones.

Además, es necesaria la licitación o encargo de actuaciones cuyo compromiso de ejecución proviene de la aprobación de los Planes Hidrológicos, así como la tramitación de encargos a medios propios que se corresponden con importantes áreas de actuación de la Dirección General del Agua.

Entre ellas, cabe mencionar la gestión de riesgo de inundaciones, la conservación y la gestión administrativa del dominio público hidráulico, la estrategia nacional de restauración de ríos y obras ambientales, la seguridad de las infraestructuras, y la explotación, mantenimiento, auscultación, conservación y mejora de las mismas.

Por otra parte, hay que considerar las bajas de licitación que se han venido produciendo en el último periodo, así como los expedientes de revisión de precios de las obras en ejecución y la necesidad de ajustar los créditos comprometidos de los contratos en vigor a la realidad de la ejecución de las actuaciones y a la anualidad que se va a ejecutar realmente.